Una intervención puede durar unos minutos, pero lo que se recoge durante ella puede acabar decidiendo un juicio meses o años después. Y ahí es donde muchas veces surge la duda real, más allá del procedimiento de recogida: si algo falla en el camino —un traslado mal documentado, un hueco de unas horas sin registrar—, ¿se cae la prueba, o no?
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Qué es la cadena de custodia en la policía local
La cadena de custodia en la policía local es el conjunto de medidas que garantizan que una evidencia puede identificarse y que su recorrido, desde que se recoge hasta que se entrega o analiza, queda documentado.
La policía local no siempre asume la investigación criminal ni gestiona la evidencia hasta su análisis, pero sí puede participar en las primeras diligencias y, cuando corresponde, recoger, proteger o custodiar elementos hasta entregarlos al cuerpo o unidad competente. El Manual de Criminalística para la Policía Judicial del Ministerio del Interior fija como exigencias la correcta identificación, recepción, manipulación, almacenamiento y custodia de las evidencias, dejando constancia de quién ha tenido responsabilidad sobre ellas en cada momento.
Qué pasa realmente si la cadena de custodia se rompe
Esta es la parte que suele generar más dudas, incluso entre agentes con experiencia — y la respuesta no es tan tajante como parece.
El Tribunal Supremo tiene una doctrina consolidada al respecto: la cadena de custodia no es en sí misma un medio de prueba, sino una «garantía formal» de que la evidencia analizada es la misma que se recogió (lo que la jurisprudencia llama «mismidad»). Por eso, su ruptura no provoca automáticamente la nulidad de la prueba — lo que afecta es a su fiabilidad, es decir, al peso que el juez le da a la hora de valorarla (STS 587/2014, de 18 de julio; STS 795/2014, de 20 de noviembre).
En la práctica, los tribunales distinguen entre dos planos distintos:
- Irregularidades que no anulan la prueba. Una numeración defectuosa en el embalaje, la falta del acta de remisión entre dependencias, o un simple retraso en enviar la muestra al laboratorio se han considerado, en varias sentencias, defectos formales que no bastan por sí solos para invalidar la evidencia (STS 587/2014, de 18 de julio; STS 387/2020, de 10 de julio).
- Rupturas que sí comprometen la prueba. Lo que de verdad genera una duda razonable no es un fallo de formato, sino un hueco real en el recorrido que impide reconstruir con certeza que el objeto es el mismo: un periodo de tiempo sin ningún registro de dónde estuvo la evidencia o quién la tuvo (por ejemplo, una sustancia intervenida que pasa horas sin custodia documentada), la ausencia total de constancia sobre quién la recogió o trasladó, unas condiciones de conservación inadecuadas que puedan haberla alterado, o un acceso no autorizado en algún punto del trayecto. Ahí sí puede verse afectada la validez de la prueba — no por un problema de forma, sino porque ya no se puede garantizar esa «mismidad».
La consecuencia práctica para el trabajo diario es esta: un fallo puntual en el papeleo no suele tumbar un caso por sí solo, pero cuantos más huecos existan en el recorrido de una evidencia, más fácil es para la defensa sembrar esa duda razonable — y ahí es donde sí puede perderse la prueba, aunque el objeto en sí nunca haya sido alterado.
Para evidencias biológicas o genéticas, además, existe un marco específico: la Orden JUS/1291/2010 regula cómo deben prepararse, identificarse y remitirse las muestras que se envían al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para su análisis, precisamente para blindar la cadena de custodia en este tipo de evidencias.
Qué debe hacer el agente al recoger una evidencia
No existe un procedimiento único para todas las policías locales — las funciones concretas dependen también de la normativa autonómica y de los protocolos de cada cuerpo. Aun así, hay algunos puntos donde merece la pena poner especial atención, precisamente porque son los que después determinan si hay «huecos» en el recorrido:
- Describir, no solo recoger. No es lo mismo anotar que se encontró «una herramienta» que dejar constancia de que se localizó «una herramienta metálica junto al acceso trasero, a un metro de la puerta, sobre el pavimento». Esa descripción es la que permite reconstruir la escena después, y es exactamente el tipo de detalle que refuerza la «mismidad» de la que habla el Supremo.
- No mezclar procedimientos. Un arma, una prenda con restos biológicos, un documento o un dispositivo electrónico no se manipulan igual — ante evidencias técnicas, el agente sigue las instrucciones de su cuerpo y del servicio especializado que las recibirá.
- Dejar constancia de cada cambio de responsable. El Ministerio del Interior es explícito en esto: la documentación debe acreditar quién ha tenido la evidencia bajo su responsabilidad en cada momento, con firma. Una entrega entre compañeros que solo queda en una conversación verbal es, precisamente, el tipo de hueco que después puede explotar una defensa.
Qué debe quedar documentado
No existe un formulario único obligatorio para toda España — el circuito documental depende del cuerpo, del procedimiento interno y del organismo receptor. Pero, en general, conviene que quede constancia de:
- Identificación de la evidencia o muestra
- Lugar y momento de recogida
- Agente o unidad que la obtiene
- Diligencias o intervención a la que corresponde
- Condiciones de embalaje y conservación, cuando proceda
- Entrega y recepción, con fecha y hora de cada cambio de responsable
El objetivo no es generar burocracia porque sí: es dejar un recorrido documentado sin huecos, que es justo lo que un tribunal revisa cuando la validez de una prueba se pone en duda.
Cómo evitar los huecos que rompen la cadena de custodia
La trazabilidad de la que depende la cadena de custodia se pierde, sobre todo, en los puntos ciegos: una entrega verbal sin constancia escrita, un cambio de responsable que no queda registrado en ningún sitio, un documento en papel que se traspapela entre dependencias. Ya hablamos de esto en detalle en nuestro artículo sobre trazabilidad policial.
Una herramienta digital no sustituye el criterio del agente ni decide cómo debe conservarse una evidencia, pero sí puede cerrar esos huecos: relacionar cada evidencia con su intervención, registrar quién la tuvo y cuándo, y dejar ese historial disponible para consultarlo meses después — que es, precisamente, cuando de verdad importa.
Lo mismo aplica cuando la evidencia acaba formando parte de un expediente judicial: contar con un sistema para consultarlo sin complicaciones evita que esa información se vuelva a perder por el camino.
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